Pronunciamiento 8M REDMYH AC

● Violencia feminicida vulnera los derechos de las mujeres en Campeche

● Riesgos para la integridad de las niñas y las mujeres jóvenes por falta

de espacios seguros

● Llamado al empoderamiento económico de las mujeres para cerrar la

brecha de género.

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, A. C. (REDMYH) se suma a la convocatoria para exigir el pleno respeto a los derechos humanos de las niñas y las mujeres, asimismo reiteramos la demanda al Estado para que garantice la satisfacción de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de manera progresiva.

Este 8 de marzo, en la REDMYH AC nos pronunciamos por la implementación de políticas públicas integrales que atiendan y resuelvan la creciente violencia que viven las mujeres y niñas en el estado, ya que observamos con preocupación la indiferencia social e institucional que prevalece frente a la problemática, caracterizada por la impunidad social y del Estado como causas estructurales.

Si bien el 8 de marzo es una fecha para conmemorar los derechos de las mujeres, es urgente revisar los avances en contraste con los pendiente que el Estado Mexicano mantiene como deuda social con las niñas y las mujeres, siendo una de las más importantes la garantía de acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia el que más rezagos presenta.

Un claro ejemplo es que de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2024, Campeche se ubicó dentro de los cinco estados con mayor índice de violencia feminicida por cada 100 mil mujeres, esta información puede verificarse en la página oficial en https://drive.google.com/file/d/1VbzyZwyDykcEZf-sEryt28gP3wfSohyv/view, pág. 11.

Cabe precisar que este es el reporte oficial en la materia, en todo el país.

Esta información oficial, confirma lo que la REDMYH AC ha sostenido, con respecto a que en Campeche persiste una problemática de violencia feminicida contra las niñas y las mujeres jóvenes, y es grave que no cuenten con espacios seguros para su desarrollo personal, pues también se tiene informes de que el índice de denuncias por acoso y hostigamiento que ocurre en espacios públicos y en las instituciones educativas va en aumento en la entidad sin que se priorice su atención dentro de las políticas públicas de prevención ni atención.

Por ello, y si bien es necesario considerar que este 8 de marzo es el escenario para ratificar la demanda de atención y cumplimiento a los derechos laborales, económicos, políticos, sociales y culturales, entre otros, es ineludible sumar a estas demandas de mayor inversión para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, la de mejores condiciones de vida con seguridad y prevención del delito.

En la REDMYH AC, observamos que no han generado acciones eficaces de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas. Es evidente que el crecimiento de la violencia social, impulsada por el crimen organizado, la crisis económica y otros eventos como son la crisis socio-sanitaria que enfrentó el mundo a raíz de la pandemia, son factores que impactan de manera desproporcionada y diferenciada a los sectores en mayor situación de desigualdad en nuestra sociedad, particularmente las niñas y las mujeres.

Por ello, reiteramos que la situación puede agravarse aún más, si se invisibiliza la violencia estructural y sistémica que históricamente hemos enfrentado las niñas y las mujeres, ya que esto solo contribuye a que se perpetúe la desigualdad en las comunidades.

Preocupadas por la situación, consideramos que la construcción de comunidades justas e igualitarias requiere la participación activa de diversos actores, incluyendo a la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas, sin embargo esto no diluye la responsabilidad constitucional del Estado como garante del derecho a la seguridad

de todas las personas, en especial de aquellas que históricamente han sido vulneradas.

El Estado no puede, ni debe olvidar su obligación prevista en el artículo 1o.

Constitucional de implementar políticas públicas efectivas que aborden de manera integral la prevención de la violencia de género siendo que esta constituye una forma de discriminación hacia las mujeres; esto implica adoptar medidas que garanticen el acceso a la justicia reparativa y acciones preventivas que promuevan

la educación comunitaria, el fortalecimiento de la participación comunitaria para la reconstrucción del tejido social.

Sabemos que la sociedad civil organizada, como el movimiento feminista entre otros, ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la violencia, es por ello que este 8M nos sumamos a las las voces de cientos de mujeres, niñas, adolescentes, en una marcha que recorrerá las principales calles de la ciudad, para

plantear demandas a las autoridades a fin de que cumplan con obligaciones constitucionales y se visibilicen las condiciones de pobreza, violencia y feminicidio, que viven mujeres y niñas no solo del Estado, sino del país y el mundo.

Por esa razón, este 8 de marzo, nos sumamos en una sola voz, en un solo movimiento que recorrerá las principales calles de la ciudad, para exigir a las autoridades a que cumplan con sus funciones y se reviertan las condiciones de pobreza en las que viven la mayoría de las niñas y las mujeres, pues de continuar esta tendencia 342 millones de mujeres en el mundo, estarán destinadas a vivir debajo del umbral de la pobreza para el 2030, según estimaciones de ONU Mujeres.

En México, las mujeres y niñas viven condiciones inadmisibles de inequidad y discriminación desde su primera infancia hasta la vida adulta cuando continúan los abusos, segregación, desigualdad, violencia y feminicidio.

Por ello es importante acompañar las políticas de prevención de la violencia de programas de capacitación para el trabajo, de acceso a becas educativas y el aumento en las oportunidades laborales para las mujeres jóvenes y adultas, a fin de contribuir a generar las condiciones para la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres, pues sólo garantizando los derechos plenos de mujeres y niñas en todos los ámbitos de sus vidas se puede asegurar el desarrollo sostenible de cualquier país.